Confianza electoral y transición

Fecha: 2026-01-23

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, definió ante los medios, el 7 de enero de 2026, el plan que seguiría para Venezuela luego del arresto de Nicolás Maduro y su esposa. Un plan estructurado en tres fases: estabilización del país, evitando el caos y la violencia; recuperación económica, inversión extranjera y liberación de presos políticos; y finalmente, transición democrática.

Como es evidente, se trata de un proceso complejo, en desarrollo y dinámico, cuyos eventos pueden cambiar en cualquier momento. Sin embargo, hasta ahora —con tropiezos puntuales— se ha avanzado de forma relativamente ordenada.

Como abogado constitucionalista y venezolano, quiero referirme precisamente a la última fase: la transición. Paradójicamente, es la fase que la mayoría de los venezolanos quisiéramos que hubiese sido la primera pero como decimos en criollo “deseos no preñan”.

La democracia no nos la va a regalar nadie. La democracia se conquista. Ni Estados Unidos ni el chavismo disminuido que hoy detenta el poder nos la van a conceder graciosamente. El país ha entrado en una fase irreversible de cambio de rumbo. La jaula está abierta, aunque muchos aún no se hayan dado cuenta. Y aunque el poder intente seguir mostrando los dientes, el 3 de enero fue la gota que rebasó el vaso.

En Venezuela no basta con elegir un presidente. Es indispensable renovar todos los poderes públicos. Ese proceso de transición real —la fase 3 delineada por Marco Rubio— debe pasar necesariamente por un proceso electoral limpio, donde los venezolanos decidamos nuestro futuro.

Sea que las elecciones sean presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, alguien debe organizarlas. En una democracia funcional, esto sería tan simple como aplicar la Constitución. El artículo 233 es claro: ante la falta absoluta del presidente —hoy privado de libertad y siendo juzgado por delitos graves en Estados Unidos, imposibilitado físicamente de ejercer— la Asamblea Nacional debió declarar la falta absoluta y el órgano electoral llamar a elecciones presidenciales en un lapso de 30 días, quedando encargada la vicepresidenta.

El problema central es que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral están secuestrados. Muy pocos confían en el actual CNE luego del zarpazo del 2024, ese CNE fue designado en 2023, con un mandato de siete años que se extiende hasta 2030, y solo puede ser removido por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Instituciones que hoy no sirven a la ciudadanía, sino a sí mismas y a su llamada revolución.

Por ello, es indispensable que el país entero presione un acuerdo político que permita designar un órgano electoral imparcial o un sistema, capaz de organizar elecciones limpias en el futuro, donde por supuesto habrá ganadores y perdedores, pero donde se produzca un resultado en el que todos confiemos independientemente de que nos guste o no. Esas discusiones para lograr ese acuerdo político deben iniciarse ya, aun cuando sabemos que las elecciones no están a la vuelta de la esquina y que la transición es la última fase y no la primera.

Como escribí entonces, la situación de profundo desprestigio e incapacidad de las instituciones internas del país, sumada a las justas demandas de una población asfixiada por un Estado violador de derechos humanos, requiere una medida excepcional. El caso venezolano, aunque con particularidades propias, tiene precedentes claros en la historia reciente, como Camboya, Timor-Leste, Afganistán e Irak.

Finalmente, si no existe acuerdo político para ninguna de las opciones anteriores, queda una tercera vía mínima pero fundamental: el voto manual con transmisión pública y en vivo de los resultados.

Aun con el actual desprestigiado CNE, el voto manual y la transmisión pública y en vivo de actas podrían limitar significativamente los abusos y la manipulación que vimos en las elecciones de 2024. No sería la solución ideal, pero sí un freno real a la arbitrariedad.

La transición democrática venezolana no será perfecta, ni rápida, ni sencilla. Pero sin un acuerdo político que nos lleve a elecciones confiables no habrá transición posible. Y sin confianza en el voto, no habrá democracia que valga la pena reconstruir.

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Conclusión

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📌 Fuente: El Nacional