¿El encierro ayuda? Jalisco se enfrenta al reto de rehabilitar a jóvenes en conflicto con la ley... en albergues al límite

Los centros de asistencia social en Jalisco están bajo la lupa. Las recientes fugas de nueve jóvenes de dos albergues en Ixtlahuacán de los Membrillos, así como de dos adolescentes del Hogar Cabañas, evidencian aMILENIOlasfallas en la protección de menores bajo tutela del Estado.Lafalta de registros confiables, de supervisiones exhaustivas y de filtros eficaces para separar a los menores internados según sus necesidades y contextospuede resultar perjudicial para la población atendida.Las personas menores de edad que se encuentran bajo la tutela de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco son, ante todo,víctimas de alguna situación de riesgo, ya que sus familiares no pueden hacerse cargo de ellas en ese momento.La función central de la dependencia, señaló, es garantizar laprotección integral y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentesen situación de riesgo.En el 95 por ciento de los casos, el ingreso ocurre por conducto de laFiscalía del Estadoo de las fiscalías regionales, cuando existe unasituación de riesgo y no hay una red familiar inmediataque pueda hacerse cargo.Actualmente,en Jalisco hay 3 mil 362 niñas, niños y adolescentes albergados a nivel estatal. Esta cifra se modifica de manera constante debido a procesos de reunificación familiar, nuevos ingresos o casos en los que no se cuenta con una red de apoyo en un momento determinado.En el caso específico de los menores que escaparon de los albergues, Trelles Rivas aclaró que la Procuraduría mantiene la representación legal de los adolescentes involucrados, particularmente en la presuntadesaparición de cuatro jóvenes, cuya búsqueda continúa a través de la delegación institucional de Guadalajara.En estos casos, laFiscalía del Estado es la encargada de investigar los hechos, mientras que la Procuraduría da seguimiento.LaProcuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentesen Jaliscosupervisa los espaciosdonde se alojan niñas, niños y adolescentes.Laasignación de alberguesse realiza de acuerdo con perfiles específicos y las necesidades de cada caso.En materia de supervisión, la procuradora informó quepor ley debe realizarse al menos una revisión anuala cada centro.Duranteel año pasado se supervisó el 92 por ciento de los 107 albergues,con un total de 106 visitas, ya que algunos espacios fueron inspeccionados en más de una ocasión.Lasobservaciones más recurrentesestán relacionadas contemas de infraestructura.Sin embargo, cuando se detectan situaciones de riesgo grave, se procede al egreso inmediato de los menores a otros albergues.Uno de loscasos más relevantes ocurrió en Puerto Vallarta, donde en enero del año pasado se intervino el albergue Vida Nueva, tras detectarse condiciones de riesgo en alimentación y cuidados.En ese lugarse realizó el egreso de 22 adolescentes.

En junio se efectuó una intervención similar en el albergue Corazón de Niña, también en Puerto Vallarta, del cual fueron egresadas las niñas y niños que ahí se encontraban.Ninguno de los dos centros ha sido reabierto.Aunquela Procuraduríano tiene facultades para clausurar albergues —función que corresponde a los ayuntamientos—, sípuede impedir su operación cuando existen riesgos.De acuerdo con el Sistema de Asistencia Social (SSAS) del Gobierno de Jalisco, en la entidadoperan actualmente 725 albergues con registro vigente, según el corte más reciente del Registro Estatal de Albergues (REA), instrumento que certifica su asentamiento oficial y delimita la población específica que cada espacio está autorizado a atender.Según la Dirección de Supervisión de Albergues, el marco jurídico que regula estos establecimientos está establecido en el Artículo 5 de la Ley para la Operación de Albergues, dondese define como albergue todo establecimiento, público o privado, dedicado a la prestación de servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, guarda y custodia de personas.El REA es emitido por laSecretaría del Sistema de Asistencia Social, instancia facultada para autorizar y supervisar la operación de estos espacios en el estado.Este registro es unrequisito indispensable para que los albergues puedan funcionarlegalmente y brindar atención conforme a su objeto social.Del total de 725 registros vigentes,la mayor concentración corresponde a centros de rehabilitación para adicciones y salud mental, con 502 establecimientos, lo que representa el 69.2 por ciento del total de albergues registrados en Jalisco.En segundo lugar se encuentran losespacios destinados a la atención de personas adultas mayores, con 120 registros, equivalentes al 16.5 por ciento del total. Estos centros reciben principalmente a personas que ingresan por voluntad propia, por necesidad médica o mediante gestión familiar.Laatención a niñas, niños y adolescentes corresponde a 86 albergues, es decir, el 11.9 por ciento del total.De acuerdo con el perfil de la población atendida, estos ingresos provienen principalmente decanalizaciones realizadas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescenteso por delegaciones municipales.En tanto, losalbergues destinados a personas en situación de calley migrantes suman 17 registros, lo queequivale al 2.4 por ciento.En estos espaciosse brinda atención de estancia temporal,servicios básicos y, en el caso de migrantes, protección humanitaria inmediata para personas en tránsito.La efectividad real delos albergues para la rehabilitación de menorescon antecedentes penales en México es limitada yenfrenta problemas estructuralesque van desde la falta de personal capacitado hasta la ausencia de registros y supervisión permanente.Así lo advierteRicardo Fletes Corona, jefe delDepartamento de Desarrollo Socialdel Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara(UdeG).De acuerdo con el especialista, los resultados delos procesos de rehabilitaciónen albergues de régimen abierto, semiabierto o cerradoson “muy bajos”, en parte porque no existe una definición clara y homogénea de lo que implica rehabilitar.Para ello, considerónecesario un tratamiento individualizadoque tome en cuenta la edad, el tipo de falta cometida y el contexto del menor.Sin embargo, reconoció quemuchos alberguesy centros de rehabilitaciónse encuentran rebasados ante nuevas dinámicas, como la vinculación de adolescentes con el crimen organizado y el consumo de nuevas drogas.Fletes Corona subrayó que elaislamiento del contexto social dificulta los procesos de atención, pues la rehabilitación no puede depender únicamente del adolescente.A ello se suma laescasez de personal, lo que vuelve casi imposible realizar trabajo comunitario en las colonias de origen.Sobre elobjetivo centralde los albergues —rehabilitación, reinserción, protección o contención—, el académico consideró que no siempre existe claridad en la práctica cotidiana.El especialista advirtió que lasprácticas autoritarias o violentasdentro de las instituciones generan efectos contrarios.Lafalta de inspección y de un registro confiablede albergues, tanto públicos como privados, es otro de los principales riesgos identificados.En Jalisco, recordó, lasupervisión ha sido históricamente insuficiente. En su experiencia, el número de trabajadoras sociales encargadas de revisar albergues era mínimo para cubrir todo el estado.En este contexto,casos recientescomo el de los menores desaparecidos de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes contaban con antecedentes penales y habrían salido de un albergue de rehabilitación para menores,evidencian las consecuencias de un sistema sin controles efectivosni seguimiento adecuado, aunque el especialista aclaró que no se puede generalizar.Respecto a la reincidencia, Fletes Corona refirió que, con datos demediados de la década de los 2000, alrededor de40 por ciento de los adolescentes reincidía, cifra que consideró “muy buena” al estar por debajo de 50 por ciento.Sin embargo, reconociófallas en los registros, ya que muchos jóvenes eran canalizados a distintos albergues sin que la información se concentrara.Entre los cambios urgentes, el académico propusocontar con un registro claro y públicodel objeto social de cada albergue, capacitación permanente del personal, supervisión constante y mayor apoyo institucional.También planteófortalecer la coordinación interinstitucionaly retomar modelos de capacitación para el trabajo y la reinserción educativa, que en otros países han mostrado resultados positivos.Finalmente, subrayó que los adolescentes en conflicto con la ley no son la causa, sino la consecuencia de fallas sociales más amplias.

Fuente original: Milenio